En países como el nuestro [Costa Rica], con el sistema político tomado por mediocres, burócratas y adulones, (y en algunos casos por auténticas mafias) y como ejemplo un poder judicial siempre interesado en defender, primero, los propios privilegios, la ciudadanía suele encontrar las puertas cerradas para todo reclamo.
Cada gremio defiende lo suyo: sindicatos, empresarios, profesionales, taxistas, motorizados (esos pseudo asesinos de las calles que andan en motocicletas sin respetar nada) maestros, académicos, y una larga lista más. Pero la mayor vergüenza de todas es la de jueces y funcionarios judiciales, que se apoderaron de la organización que debería administrar la justicia en el país, y lo convirtieron en un reducto de privilegios, intereses egoístas y, por qué no, corrupción.
Pero lo peor de todo ello es que la ciudadanía costarricense no protesta adecuadamente por lo que conoce de sobra. Todo pareciera que se teme a algo o que cada quien tiene algún vínculo obscuro. En otros países los ciudadanos salen a las calles y hacen sentir su voz con fuerza, y los gobernantes, tarde o temprano, tienen que rectificar sus gazapos.
Cuando el poder define como lícitos sólo los caminos que controla, no es extraño que el pueblo opte por vías alternativas, extra institucionales, muchas veces de desafío al derecho vigente, para hacerse escuchar. La alternativa que deja el poder es clara: tratar toda protesta como ilegítima, como ilegal, o sino ignorarla. Hay que salir a la calle, y el poder tiene que estar dispuesto a escuchar a los que salen a la calle. La democracia empieza con el voto, pero no termina allí, por más que les pese a estos neo-conservadores que se creen de avanzada.
Mientras algunos grupos sociales siguen repitiendo consignas envejecidas y descontextualizadas, otras personas se valen de su creatividad para protestar y lanzar mensajes contundentes al mundo, sin la virulencia del grito, ni la perversidad de la calumnia. Esa nueva retórica está llena de humor,sarcasmo e ironía y, antes que lograr adhesiones gratuitas, quienes comprenden su sentido se vuelven incondicionales de una causa que defienden hasta las últimas consecuencias.
Por otro lado, en momentos en que se inicia la iniciativa para la discusión de una nueva constitución política, la academia jurídica debe contribuir a enriquecer la conversación colectiva al respecto. Debates semejantes no pueden ser llevados adelante, exclusivamente, a partir de la consideración de las necesidades del mercado, la libre empresa o los valores del orden y la estabilidad sociales, como sospechamos están detrás de esta iniciativa. No se escucha ninguna voz que señale si existe o no algo turbio en esta iniciativa.
El derecho a la protesta no es un derecho más, sino uno de especial relevancia dentro de cualquier ordenamiento constitucional: se trata de un derecho que nos ayuda a mantener vivos los restantes derechos. Sin un robusto derecho a la protesta, todos los demás derechos quedan bajo amenaza, puestos en riesgo. Por ello resulta sensato designar al derecho a la protesta como “el primer derecho”.
El filósofo político John Rawls defiende una idea en parte semejante, cuando habla de la especial prioridad (“prioridad lexicográfica”, decía Rawls, en su particular y rico lenguaje) que merecían cierto tipo de libertades civiles básicas, aún frente a otros importantísimos derechos económicos y sociales. Para Rawls, si tenemos vivienda, pero carecemos del derecho a movilizarnos y criticar a nuestras autoridades, no es dable esperar que estos últimos derechos emerjan de resultas de la existencia del primero (nuestro garantizado derecho a la vivienda). En cambio, si tenemos un amplio y genuino derecho a la crítica política, es dable esperar que ganemos nuevos derechos (y que preservemos intactos aquéllos con los que ya contamos) a resultas del primero: ahora podemos luchar por los que no tenemos.
En razón de que, intuitivamente, reconocemos el valor del derecho a la protesta, nos indignamos al saber que Gobiernos como el venezolano arresta sin miramientos a los miembros de la oposición, o facilita el ejercicio de la violencia contra quienes se manifiestan en contra de las autoridades. Nos incomoda, de modo similar, saber que el Gobierno chileno o el ecuatoriano utilizan el rigor de las leyes antiterroristas contra debilitados grupos indígenas; o que el Gobierno argentino acumula muertos en situaciones de protesta social (alrededor de una veintena) detrás de una imperturbable retórica de compromiso con los derechos humanos.
Frente a esas situaciones de conflicto entre derechos, no nos queda más que seguir razonando. Necesitamos, sin duda, hacer el máximo esfuerzo por acomodar todos los derechos en tensión entre sí, pero debemos aceptar a la vez que, de forma habitual, el conflicto de derechos se resuelve recortando algunos de los derechos en juego. Se trata de situaciones desgraciadas para el orden constitucional, pero también del “pan de cada día” de nuestra vida jurídica. En uno de los casos judiciales más famosos en la historia de la libertad de expresión —New York Times contra Sullivan, referido a las gravísimas críticas que había recibido el jefe de la policía de la ciudad después de ordenar la represión de una protesta— el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostuvo que el derecho al honor del funcionario debía ceder frente a la necesidad de mantener un “debate público robusto, desinhibido, ilimitado”. Es decir, el tribunal reconoció que, de modo habitual, en las situaciones de conflicto se plantean tensiones entre derechos; y que la elección en torno a cuál derecho preservar intacto del modo más firme depende de razones públicas sustantivas (el vigor del debate democrático).
La protesta, el grito de inconformidad, la articulación de la negación del sistema que oprime es la materia misma de la acción ciudadana que dignifica. Sin esta actitud, no hay democracia real. Es la inconformidad, la no aceptación del estado de cosas lo que produceal sujeto político crítico, único capaz de impulsar la transformación de la sociedad. Se dirá que una cosa es ser crítico y otra, recurrir a la protesta como método.
Fuente: http://www.elpais.cr/2017/01/06/el-valor-de-la-protesta/
7 de enero de 2017. COSTA RICA