Garantizar el Estado de bienestar para todos exige que quienes sufragan con sus impuestos el grueso del gasto social colaboren. Sociedades donde la pobreza y la exclusión requieren asistencia pública son propicias para el populismo de derechas
Nicolás Aznárez
De repente nos hemos puesto a hablar de desigualdad, insistentemente. Pero no siempre con el rigor debido. Hace dos meses, Julio Carabaña, en un ejercicio de sana provocación, sorprendió a propios y extraños argumentando en estas mismas páginas que la desigualdad no había aumentado significativamente. Al profesor Carabaña no le faltaban motivos ni evidencias para sugerir que algunos diagnósticos se habían exagerado. Pero creo humildemente que mi admirado colega nos cuenta tan solo una parte de lo que necesitamos saber acerca de la evolución de la desigualdad.
La desigualdad sí ha aumentado, notablemente. No tanto en la forma en que es finalmente experimentada (la desigualdad de renta disponible, a la que se refiere Carabaña) como en la desigualdad de partida, generada por las relaciones económicas que se producen en el mercado. Lo que se ha hecho más desigual es la distribución de ingresos derivados del empleo asalariado, el autoempleo y las ganancias de capital. El Estado de bienestar se ha encargado tradicionalmente de reducir la desigualdad de mercado con sus políticas fiscales y de transferencias monetarias (pensiones, prestaciones de desempleo, rentas mínimas, etc.). Es lo que se conoce como redistribución. Para evitar que un aumento de la desigualdad de mercado se traduzca en mayor desigualdad de renta disponible, el Estado debe incrementar su esfuerzo redistributivo.
Hacerlo tiene costes importantes, que capas crecientes del electorado se muestran reacias a aceptar. A medida que el Estado tiene que gastar más para garantizar el bienestar de todos, incluidos los colectivos más desfavorecidos, resulta más difícil conseguir que los segmentos de la población que sufragan con sus impuestos el grueso del gasto social colaboren en el empeño, lo que ocasiona conflictos distributivos: colectivos que se sienten ninguneados, territorios que se consideran fiscalmente maltratados, élites que desvían sus rentas a paraísos fiscales, etc. El auge de muchos populismos de derechas se nutre, en buena medida, de esta insatisfacción, exacerbada en sociedades con marcadas fracturas étnicas, donde la pobreza y la exclusión que requieren asistencia pública se concentran fundamentalmente en una infraclase particularmente vulnerable formada por minorías y poblaciones inmigradas.
En España, el coeficiente de Gini que mide la desigualdad de mercado (en una escala donde 0 representa una sociedad en la que todos tienen lo mismo y 100 una en la que uno lo acapara todo) ha pasado de 43,4 en 2007 a 50,8 en 2014, y en la zona euro de 49 a 51,9. El deterioro de este coeficiente en España durante los años de crisis es el más pronunciado en la UE tras Chipre.
El Estado de bienestar todavía consigue reducir considerablemente estos índices (llevándolos aproximadamente a 34-35 en España). Pero en muchos casos se comienzan a tensar las costuras. Por un lado, algunos sectores sociales no encuentran alivio suficiente al sufrimiento provocado por la privación económica. Por otro, aparecen grupos que se sienten injustamente ignorados por las políticas sociales. Algunas de las mejores obras que se han escrito sobre el caldo de cultivo social que ha aupado a Trump a la presidencia de Estados Unidos (las de John B. Judis, J. D. Vance o Arlie Hochschild) retratan el descontento de una “clase media radical” (fundamentalmente blanca), situada entre una élite económica cosmopolita que se distancia a pasos agigantados del “americano medio” (en términos de renta, estilo de vida y valores) y una clase desfavorecida (generalmente perteneciente a minorías) a la que creen que se prodiga atenciones “inmerecidas”. Un eslogan del Tea Party recoge bien ese sentimiento: “no tenéis derecho a quedaros lo que yo me he ganado”.
En este contexto algunos académicos e intelectuales progresistas reclaman una nueva aproximación a la lucha contra la desigualdad, que pueda ayudar a reflotar la estrategia socialdemócrata. Es el llamado enfoque de la predistribución. Sus partidarios comparten la preocupación por corregir las desigualdades ex–ante, cuando se originan en el mercado, y la necesidad de preparar a la ciudadanía para lidiar con ellas (empoderarla).
Sobre la mesa se han puesto básicamente dos modalidades de propuestas de predistribución. Una primera reclama intervenir en el funcionamiento de los mercados para corregir activamente las ineficiencias que produce una desregulación excesiva. Es lo que Jacob Hacker, uno de sus principales promotores intelectuales, denomina “acertar con la macroeconomía” (getting the macroeconomy right). En lo últimos tiempos se ha evidenciado que el capitalismo laissez faire produce importantes externalidades negativas cuyo coste no es internalizado por quienes lo generan. Se evidencia también que en sociedades muy desiguales, donde las élites económicas disfrutan de una gran capacidad para comprar voluntades y favores políticos, la extracción de rentas es endémica, y los mercados realmente existentes se parecen poco a los modelos estilizados que aparecen en los manuales de macroeconomía.
La lucha contra los desequilibrios puede ayudar a reflotar la estrategia socialdemócrata
Dentro de esta modalidad de predistribución, en el menú de políticas públicas admisibles, se admite espacio para cierto margen de ineficiencia económica, de efectos limitados y controlables, si ayuda a corregir la desigualdad: regulando el acceso a ciertos bienes básicos, fijando el salario mínimo o algunas prestaciones en relación a umbrales de referencia actualizados, otorgando protagonismo a los procesos de negociación colectiva en la determinación de salarios, limitando los salarios más altos. Se argumenta, y existe evidencia al respecto, que la mayor igualdad finalmente conseguida puede propiciar crecimiento económico.
La segunda modalidad de predistribución propuesta está encaminada a promover la capacitación y el empoderamiento de los individuos en un mundo más incierto y volátil, donde van a estar expuestos a vaivenes de la economía, episodios disruptivos en su vida personal y familiar, y riesgo de precariedad. En el centro de la agenda estaría la idea de dotar a los individuos de competencias que les permitan manejarse en la adversidad, evitando que puedan quedar “relegados” o atrapados en ciclos perversos que erosionen sus oportunidades vitales. Las políticas de apoyo a la primera infancia, la educación, las ayudas a la emancipación, la formación a lo largo de la vida, las políticas de activación se convierten, en este marco, en estrategias prioritarias.
Está por ver si los programas de predistribución y empoderamiento pueden contribuir a robustecer el músculo electoral de la socialdemocracia, pero parece claro que las propuestas conectan con un diagnóstico ajustado de lo que está sucediendo con la evolución contemporánea de las desigualdades. Algo que en tiempos de cólera populista se echa muy en falta.
Es profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza.
Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/02/06/opinion/1486375480_991157.html
20 de marzo de 2017. ESPAÑA